Paso a paso, cómo se llegó al acuerdo con los bonistas

El Gobierno cedió unos U$S15.000 millones en los casi cinco meses de negociación. El rol del FMI y de Blackrock, el fondo que mantuvo la presión hasta el final.

El acuerdo para la reestructuración de la deuda en manos de bonistas privados le costó al Gobierno casi cinco meses de idas y vueltas en las negociaciones y unos U$S15.000 millones sobre la mesa para acercar posiciones con los acreedores.

El proceso de canje empezó a mediados de marzo con las primeras conversaciones entre el ministro Martín Guzmán con representantes de los principales fondos de inversión tenedores de bonos argentinos. El funcionario dejó en claro de arranque que el país necesitaba un alivio de deuda en línea con lo que había recomendado el FMI.

La zona de acuerdo entre la Casa Rosada y los bonistas más duros, se estima, es de 54,8 dólares por cada 100 de deuda. Lejos de los 40 dólares de la primera oferta oficial y de los 63 dólares de la primera pretensión de los acreedores.

El consenso, que se cocinó entre negociaciones por videoconferencia entre Buenos Aires y Nueva York por las restricciones de movimiento de la pandemia, implicó de esa forma que ambas partes cedan algo de lo que exigían.

Más allá del acuerdo "de palabra" sobre las condiciones económicas del canje, hay detalles que el Gobierno deberá ajustar con los tenedores de los bonos. Principalmente, la letra chica de los contratos de los nuevos bonos que surjan de esta negociación.

Las diferencias principales radican en el nivel de protección a los inversores que tendrán los títulos públicos a emitir en el caso de que, en un futuro, fuera necesaria una nueva renegociación.

El Gobierno consiguió desde el primer minuto tanto el apoyo externo del FMI, G20, Banco Mundial y economistas y académicos de distintas orientaciones como respaldo político local: gobernadores y legisladores oficialistas y opositores, empresarios y gremialistas.

En total, la Argentina busca canjear unos U$S66.000 millones de bonos emitidos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 (tras el default de 2001) y desde 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Más allá de un acuerdo de palabra, la concreción de la operación llevará algunos días, por lo que se descuenta que Economía extenderá el plazo de aceptación de la propuesta que vence este martes.

Paso a paso, cómo fue la negociación

Febrero: primer apoyo del FMI

Tras mantener distintos encuentros luego del traspaso de mando en diciembre, el ministro Martín Guzmán consiguió que el FMI dé un primer mensaje a los bonistas: la deuda argentina es "insostenible" y necesitará una reestructuración que incluya quitas y plazos de gracia.

En ese sentido, el Fondo dijo en ese momento que se requería de "una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad".

El cronograma de renegociación de la deuda pensada en un primer momento por Guzmán era ambiciosa: buscaba arrancar el diálogo en febrero y tener resuelto hacia fines de marzo al menos una primera etapa de negociaciones y una oferta formal, pero el coronavirus demoró la agenda.

Marzo: conversaciones iniciales

Finalmente a mediados de marzo, en reserva, el Ministerio de Economía tomó los primeros contactos oficiales con ejecutivos de fondos de inversión y recogió propuestas de canje de los acreedores para tener una primera aproximación a sus pretensiones.

La pandemia, mientras tanto, volteó todas las expectativas económicas argentinas y mundiales. El FMI estimó que provocaría la crisis mundial más fuerte en casi 100 años. La actividad argentina, que ya arrastraba dos años de recesión y una década de estancamiento, pasó a tener incluso peores perspectivas.

La solución del problema de la deuda pasó de ser la prioridad número uno de la agenda económica a compartir relevancia con las medidas de emergencia que tuvo que tomar el Gobierno para afrontar y mitigar el impacto del COVID-19. lanzamiento de la oferta oficial

El 17 de abril, tras algunas semanas de negociación, el Gobierno lanzó públicamente con un amplio respaldo político interno la primera oferta de reestructuración. Se trató de diez bonos -en dólares y en euros- con vencimiento desde 2030 hasta 2047.

La propuesta incluyó un plazo de gracia sin realizar pagos de tres años y una quita de intereses de 62%. La oferta tuvo una etapa de negociación de 20 días que fue extendido hasta finales de mayo, cuando el Gobierno afrontó su primer evento de impago de la deuda bajo ley extranjera.

El rechazo de los bonistas a la primera oferta -que rondaba los 40 dólares por cada 100 de deuda- fue unánime. Los fondos consideraron que se trató de una propuesta inconsulta e invitaron al Gobierno a "abandonar el camino unilateral y comenzar una verdadera negociación".

Mayo: rechazo de bonistas y nueva oferta

Con un nivel de aceptación bajo de la oferta, que no alcanzó el 20% según fuentes extraoficiales, el Gobierno se vio en la necesidad de rehacer la propuesta con una mejora económica.

Los acreedores, a su vez, se movieron para realizar contraofertas. De todas formas, su pretensión aún estaba lejos de lo que había ofrecido la Nación: exigían más de 60 dólares por cada 100 para dar su respaldo. El 22 de mayo el país entró en el octavo default de su historia.

A fines de mayo el Palacio de Hacienda publicó una segunda oferta. El valor de la propuesta pasó de los 40 dólares por cada 100 a 47 dólares. El FMI apoyó la medida y consideró que no había más margen para mejorar económicamente la propuesta.

Junio: aparecen diferencias en la letra chica

A esta altura y al mismo tiempo que el Gobierno cedía miles de millones de dólares para realizar una segunda oferta, los bonistas achicaban sus pretensiones y las dos puntas se acercaban.

Además de las distancias económicas, comenzaron a surgir las diferencias legales. El eje de la discusión rondó una de las cláusulas del canje, que los bonistas consideraron que implicaban una menor protección legal para los inversores en el futuro.

A mediados de junio, Guzmán activó una tercera propuesta de renegociación. En términos generales, el valor de la oferta fue de 50 dólares, con un menor plazo de gracia, mejores cupones y menos quitas de interés.

Julio: Blackrock gana poder

Blackrock se afirmó como el principal fondo de inversión que se mantenía reticente a aceptar las mejoras en la oferta y presionó por más. Un grupo de acreedores relevantes ya habían llegado a un acuerdo informal con el Gobierno.

El Palacio de Hacienda lanzó el 5 de julio la cuarta propuesta de pago. Tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández se encargaron de aclarar en todo momento que se trataba del "último esfuerzo" que podía hacer el país para mejorar económicamente su oferta. El FMI apoyó el nuevo ofrecimiento.

El comité de bonistas, además, sumó fuerzas y logró bloquear un eventual canje minoritario. Además, Blackrock y compañía realizaron una nueva contraoferta. El Gobierno mantuvo hasta último momento la expectativa sobre mantener la negociación en marcha o pasar a una nueva etapa de conversaciones con el FMI, con el que el Ejecutivo buscará reprogramar la devolución de U$S45.000 millones.

Agosto: golpe en la mesa y acercamiento final

El Gobierno inició el mes con una declaración fuerte: sin acuerdo y con Blackrock ganando más poder, amenazó con retirarse de la mesa de negociación y dejar el canje con los tenedores privados para 2021 una vez que hubiera terminado la reestructuración del préstamo con el FMI.

El plazo límite para la aceptación de la oferta era el 4 de agosto y, sobre la hora, ambas partes consiguieron un acercamiento que los puso en zona de acuerdo. El consenso es por el momento "de palabra" y faltan detalles antes de un anuncio oficial.

Con el aval de Blackrock y su comité de acreedores, el Gobierno contará con las mayorías necesarias para avanzar con la operación de canje y que la oferta final se "derrame" hacia el 100% de los tenedores de los bonos.

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