Como estaba previsto y más allá del cambio de carátula definido a última hora de este miércoles, que complica al acusado, un grupo importante de unas 100 personas se reunió este jueves desde las 10.30, bajo la lluvia, frente al local ubicado en Paso 693, en el barrio de Once.
Allí ocurrió el ataque sexual denunciado por una joven de 18 años, de nacionalidad venezolana, que en su primer día de trabajo se encontró con que su jefe era un abusador y la había convocado con un fin que no era el que ella había acordado, el del trabajo en una casa de ropa.
Yo vine a gritar por ella. ¡Justicia!. Grito justicia por mi hija. Ella hoy no puede gritar. Pudimos salvar su vida, pero no su integridad. Llamamos a jueces, fiscales, autoridades de esta Nación, no queremos más violadores libres. Basta de violadores sueltos. Señora jueza, usted juró por Dios defender a las víctimas, defienda a mi hija", reclamó Thais, la madre de la víctima, entre lágrimas.
La mujer agradeció el apoyo de la gente y dijo que este jueves le darán un botón antipánico a su hija.
Los manifestantes son, en su mayoría, jóvenes venezolanos, colombianos, que llegaron al país en busca de trabajo y lo hacen, especialmente, para locales comerciales y para las aplicaciones que ofrecen servicios de delivery. Se autoconvocaron tras el hecho conocido este fin de de semana. Y denuncian que el modus operandi utilizado por el atacante es reiterado, ante la necesidad de obtener un empleo en un contexto de vulnerabilidad, como por ejemplo la falta de documentación o de un domicilio fijo.
La última noticia respecto a la causa es que la Justicia procesó por un delito más grave al comerciante acusado de haber abusado sexualmente a la joven venezolana tras una entrevista laboral en un local de Paso al 600, aunque le permitió continuar en libertad a pesar del pedido formulado por una fiscal y por el abogado de la víctima para que sea detenido.
La jueza Karina Mariana Zucconi, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 15, procesó anoche a Irineo Humberto Garzón Martínez por el "abuso sexual agravado con acceso carnal" de una joven venezolana, un delito más grave que el que se le había imputado al momento de ser detenido, ya que lo habían acusado de "abuso sexual simple".
Sin embargo, la jueza dispuso que Garzón Martínez permanezca en libertad aunque estará "condicionada a que cumpla con las reglas impuestas al momento de concederle la excarcelación", entre ellas, la prohibición de tomar contacto por todos los medios de la víctima.
También, de acuerdo a la decisión de la magistrada, el acusado no puede salir del país y se le embargaron sus bienes en 90 mil pesos.
El abogado que representa a la joven venezolana y a su familia, Pablo Baqué, volvió a cuestionar la decisión de la jueza, al considerar que es necesario que este hombre sea detenido "por la gravedad del caso y porque pueden existir otras víctimas que aún no se animaron a denunciarlo".
De hecho, la fiscal nacional en lo Criminal y Correccional 41, Silvana Russi, ya se había opuesto a excarcelar al imputado cuando la jueza Zucconi le corrió vista antes de liberar al comerciante, por lo que apeló ayer el fallo de la magistrada por considerar que existe "peligro de fuga" y de "entorpecimiento de la investigación".
