La Casa Rosada evaluó como "muy bueno" el primer mes de distanciamiento social. La batería de medidas económicas. A menos de una semana del fin de la segunda etapa de la cuarentena, el Gobierno estudia cómo administrará la continuidad del distanciamiento social obligatorio, mientras busca un equilibrio que permita a distintos sectores de la economía volver paulatinamente a la actividad. El modo "cuarentena administrada" ganó peso en los últimos días y, con la ampliación de las actividades permitidas, se perfila para ser un esquema que perdure más allá del 26 de abril. Este lunes el ministro de Salud, Ginés González García consideró que el resultado general del distanciamiento social "fue bueno". "
Estamos ampliando la capacidad de nuestros recursos institucionales, tenemos una capacidad ociosa del 30% en clínicas y un 50% en terapia intensiva, y esto ha sido posible porque con la cuarentena hemos administrado mejor los casos", aseguró. El Gobierno busca hacer un equilibrio entre los dos frentes que implica la pandemia: el sanitario y el económico. Aunque el Poder Ejecutivo siempre aclaró que "la prioridad es la salud", también quiere evitar que la extensión de la cuarentena tenga un impacto pronunciado y prolongado en la actividad económica. El paquete de medidas que implementó el Gobierno desde mediados de marzo tiene un costo fiscal de $850.000 millones, un equivalente al 3% del Producto Bruto Interno (PBI), informó este lunes el ministro de Desarrollo Social, Matías Kulfas.
El equipo económico tuvo que modificar sus planes sobre la marcha, ya que en primer lugar diseñó un programa de medidas para una cuarentena pensada para 10 días y que se podía extender hasta 20 o 25, pero que ya superó el mes y que se extenderá incluso más tiempo, según lo determine el Ministerio de Salud, explicó el jefe de la cartera productiva. En ese frente económico el Gobierno buscó una serie de medidas que apuntan a reforzar los ingresos de sectores que se vieron afectados directamente por una caída en la actividad, y por otro asistencia financiera a empresas para que puedan pagar los salarios. En ese primer aspecto, lo más importante fue -luego de distintos refuerzos de AUH y jubilaciones en marzo-, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que será cobrado por 7,8 millones de personas. El 60% de ellas son empleados no registrados. También incluye a las categorías A y B del monotributo. Para los monotributistas de categorías a partir de la C y para autónomos, el Gobierno anunció este lunes créditos a tasa cero. Los trabajadores de esos regímenes podrán acceder, de acuerdo a ciertas condiciones, a un monto proporcional a su facturación.
