Una mujer deberá pagar $40.000 por exponer a un menor en redes sociales

Pese a que la publicación fue eliminada, la madre del joven hizo la denuncia ante el Juzgado de Paz de Viedma y le dieron la razón. La jueza dijo que se trata de un fallo inédito en la legislación de Río Negro. Un caso que coloca en el centro de debate la difusión de imágenes de menores en las redes sociales marcó precedentes en la Justicia rionegrina. Una mujer compartió una foto en la que acusaba y exponía a un adolescente de 13 años y ahora deberá pagar $40.000 como resarcimiento por haber “perturbado la intimidad del niño”. La historia tuvo lugar en Viedma, y comenzó con una acción que puede resultar hasta cotidiana, pero trajo consecuencias impensadas. En marzo de 2019, una persona realizó una publicación en su Facebook contra un grupo de adolescentes que practicaban deportes en el club de básquet Atenas, en la ciudad. Puntualmente, la usuaria además mencionó con nombre y apellido a uno de ellos y detalló que se trataba del hijo de uno de los entrenadores del equipo.

Por ese motivo, y pese a que la mujer borró el posteo ante los cuestionamientos, la madre del chico mencionado inició acciones legales. El argumento se basó en que la publicación había afectado el honor y la imagen de su hijo. La denuncia, que fue presentada ante el Juzgado de Paz de Viedma, remarcaba que se había “perturbado” el derecho a la intimidad del niño entrometiéndose arbitrariamente en su “proceso formativo”.

En ese sentido se inició una demanda de menor cuantía, es decir, un proceso de menos duración que un juicio tradicional. En su presentación, según explicaron a TN.com.ar fuentes del juzgado, la mujer argumentó que el adolescente se vio perjudicado a causa del posteo y eso generó que por varios meses no asistiera a las competencias deportivas.

En ese sentido, y pese a que la publicación ya había sido eliminada, presentaron como prueba la captura de pantalla, que evidenciaba que llegó a sumar 14 reacciones, seis comentarios y que se había compartido tres veces. En el proceso, en el que intervino la Defensoría de Menores e Incapaces local, las pericias psicológicas señalaron que el hecho le provocó “malestar por la actitud de alguno de sus compañeros” y especialmente a la circunstancia de “no poder ingresar a la competencia formal durante varios meses”. El fallo emitido por la jueza Elsa Noemí Sartor, al que tuvo acceso este medio, se expidió en diciembre, pero el caso trascendió hace pocos días. Allí determinó que la autora de la publicación deberá pagar a los tutores del joven una indemnización de $40.000 para “resarcir el daño sufrido por la afectación a su intimidad”. El principal sustento, según se aclara, se basa en que la publicación realizada viola los derechos del adolescente protegidos a nivel provincial por la Ley 4109 y universalmente por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y “otras normas concordantes”.

“Por imperativo constitucional y por convicción personal, considero que cuando existen derechos que colisionen entre sí y uno de ellos sean los de un niño, deben prevalecer estos últimos, en consonancia con el principio rector del interés superior del niño”, indica la resolución judicial. Si bien tanto la magistrada como las defensoras de menores no quisieron explayarse sobre el caso, desde la Justicia provincial indicaron que es el primero de estas características del que tienen registro. “En nuestra legislación es inédito”, sostuvieron. Además, hicieron hincapié en que, más allá del contenido de la publicación y la acusación o agravio que la persona haya realizado, sino al hecho de exponer a un menor de edad.

La cuestión trae al centro del debate un asunto que, hasta el momento, carece de una regulación específica en términos legales, como es la exposición de los niños en las redes sociales. No existe actualmente en la Argentina una norma ni una ley que marque límites, o prevea este tipo de situaciones, pero las decisiones jurídicas se toman priorizando los derechos e intereses del niño, como remarcaron en el juzgado.

Otra particularidad de este caso radica en que la persona acusada no es uno de los padres del joven, de lo que sí constan antecedentes en materia de conflictos intrafamiliares.


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