El IERAL analiza la economía argentina en tiempos COVID-19
La pandemia encuentra a la economía argentina en recesión desde hace casi dos años, con necesidad de aumentar el gasto público en salud y en ayudas y compensaciones a la población, con caídas de recaudación y sin fondos de ahorro previo (anticíclico) en el sector público (nacional ni provincial), de manera que se deben tomar decisiones muy ponderadas para cuidar las vidas humanas, minimizando el costo fiscal y el efecto negativo sobre la economía.
Dado que el problema sanitario será transitorio (aunque hay dudas sobre su duración), durante el período crítico se justifica que se tomen decisiones priorizando la salud de la población, aunque suba el déficit fiscal, pero tratando que tengan el menor impacto negativo sobre la economía a largo plazo, sobre las posibilidades de crecimiento y la sustentabilidad del estado en sus diferentes niveles.
Dado el contexto, para financiar el mayor gasto público nacional, provincial y municipal en salud y en ayudas a la población y a las empresas con problemas causadas por la pandemia y las decisiones asociadas tomadas por los diferentes gobiernos, habrá sólo dos posibilidades: emisión de dinero (a nivel nacional), y recortes transitorios de gastos prescindibles del estado en los tres niveles de gobierno. Mientras más ahorro exista en gastos prescindibles, menos deberá aumentar la emisión de dinero, por ende, morigerando el impacto inflacionario. Tal impacto inflacionario de una mayor inflación no se daría tanto en el corto plazo, dada la caída que existirá en la actividad económica (-3% anual o más), aunque si podría darse a mediano y largo plazo, una vez superados los mayores problemas generados por la pandemia, si no aplican medidas compensatorias.
Con la población en su mayoría en cuarentena estricta, la mayor parte de las familias gastan menos que previo a ella, lo cual le daría al Estado la posibilidad de reducir algunos gastos prescindibles a corto plazo, que no tengan que ver con la salud, la seguridad y las ayudas a la población. Por ejemplo, sería aconsejable que durante 2 o 3 meses, los sueldos de funcionarios públicos, legisladores, jueces y empleados públicos en general, cuyos ingresos superen un determinado monto (podría ser a partir dos salarios privado promedio, o sea, desde $100 mil pesos mensuales), se paguen con títulos públicos, en forma total por el excedente sobre 100 mil pesos, o de modo progresivo desde ese nivel y a medida que el sueldo resulta más alto. Tales títulos públicos constituirían un ahorro forzoso para 1 Colaboraron también Marcos Cohen Arazi y Fernando Kuhn 3 dichos funcionarios y agentes públicos, y deberían vencer durante 2021 para empleados de altos ingresos, y entre 2021 y 2023 para los funcionarios, legisladores y jueces. Con esta medida, podría financiarse una porción del mayor gasto público disparado por la pandemia, morigerando en alguna medida el uso de la emisión de dinero.
El mismo objetivo podría lograrse también reperfilando total o parcialmente vencimientos de deudas en pesos por algunos meses o resto del año. Respecto a las ayudas a la población para morigerar el impacto económico de la cuarentena y otras restricciones y factores exógenos que trae aparejada la pandemia, se debe contemplar que los mayores problemas serán para asalariados informales, cuentapropistas y empresas (especialmente PyMEs) que deben pagar salarios con la producción parada.
Los problemas monetarios para esos grupos durante el período con restricciones son principalmente los siguientes: pagar impuestos, pagar servicios, pagar alquileres, pagar cuotas de créditos (hipotecarios, prendarios, ANSES, etc.), pagar salarios a sus empleados y contar con recursos mínimos para subsistir.
Otro tipo de problemas a solucionar, no monetarios, serían algunos tales como las compras que deban realizar grupos de la población sin experiencia en pagos electrónicos y con pocas posibilidades que los asistan (ancianos, personas con muy bajo nivel educativo, etc.); pagos que deben realizar algunos sectores / actores que no están bancarizados y no estaban cobrando ayudas sociales; incentivos y cuidados especiales para trabajadores que deben seguir cumpliendo su actividad, en especial en actividades más riesgosas al contagio (empleados de la salud, operarios industriales en lugares concurridos de trabajo, atención al cliente en comercios, etc.), problemas en barrios marginales con hacinamiento y que no cuentan con agua potable, cloacas, etc.
Fuente: Fundación Mediterránea -Marcelo Capello, Laura Caullo, Agustín Cugno-.
