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"Okupas": la lucha habitacional se apodera de San Pablo

23/05/2018

Alquilar un departamento de 50 m2 en el centro de San Pablo ronda los 1.500 reales (400 dólares), impensable para personas como Rosangela Gomes de Melo, que con su hija gana 1.900 reales por mes. "Ocupar era mi alternativa", explica.

 

Rosangela, artesana de 54 años, llegó hace nueve años a la ocupación Mauá, en el centro de la pujante capital económica y financiera del país. Su hija se mudó con ella poco después. Dividen una pequeña y organizada kitchinet en el tercer piso. Camastro, cocina, pileta para lavar, heladera, estantes, mesa del televisor: todos están distribuidos contra las paredes, que sin pintar, revelan marcas de frisos recientes.

 

"Si tuviese que pagar un alquiler alto, no podría invertir en la educación de mi hija". Rosangela resalta las bondades logísticas de vivir en el centro y no en la periferia de esta megalópolis de 12 millones de habitantes.

 

San Pablo tiene unas 206 ocupaciones con 46.000 familias, un déficit de 358.000 viviendas y 830.000 domicilios precarios, según la alcaldía. El tema ganó relevancia desde el 1° de mayo, cuando en el centro un edificio de 24 pisos se prendió fuego y se desplomó dejando muertos y desaparecidos.

 

La tragedia llevó a debatir el papel de los movimientos de lucha por vivienda, luego de que autoridades señalaran indicios de que la coordinación del destruido edificio estaba apenas lucrando con "alquileres" mensuales, sin invertir en la manutención.

 

 "Hay ocupaciones y ocupaciones", aclara Rosangela. La mujer asevera que a diferencia de la del edificio incendiado, la de Mauá, organizada por el Movimiento de Vivienda de la Lucha por Justicia (MMLJ), es "una verdadera lucha por vivienda", asumida "de forma conjunta" por las 237 familias que pagan una colaboración mensual de 200 reales para la manutención.

 

Rosangela y su hija Beatriz -que prepara su examen de admisión universitaria, estudia música y realiza una pasantía- creen que el prejuicio nubla el debate. "No somos diferentes, es la gente que nos mira diferente", afirma.

 

El tema gana protagonismo gracias a la precandidatura a presidente del joven líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, apadrinado por el ex mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

 

A pocas cuadras, el MMLJ administra la ocupación más icónica de San Pablo, "la mayor de América Latina", como la llama la prensa.

 

Casi 500 familias viven en el edificio de dos bloques que se alza en el número 911 de la avenida Prestes Maia, que honra a un fallecido arquitecto y urbanista.

 

El "Prestes Maia", antigua sede de una fábrica textil, ocupado desde 2006, fue objeto de una batalla judicial que concluyó en 2015 cuando la alcaldía, gobernada entonces por el izquierdista Partido de los Trabajadores, compró el edificio para reformarlo y asignar las viviendas a sus ocupantes.

 

En espera de que la nueva gestión, de signo conservador, inicie el proyecto, la vida en el Prestes Maia transcurre de forma comunitaria. Divididos en los bloques A (nueve pisos) y B (22 pisos), sus habitantes se ocupan de manera rotatoria de la limpieza semanal de las áreas comunes.

 

Paredes en estado precario, ventanas protegidas por tablas y otros materiales, humedad en los pisos más bajos, poca iluminación y algunas filtraciones son visibles. Algunos pisos están en mejor estado que otros. Hay algunas cámaras de seguridad, extintores al día por doquier y servicio de portero.

 

Pocos departamentos tienen baño privado. En general, hay uno o dos por piso, compartidos para aseo y para lavar ropa.

 

Existen reglas estrictas: los huéspedes tienen que ser notificados, después de las 22:00 está prohibido hacer ruido, están prohibidas las peleas, la violencia doméstica y los robos. Cuando un vecino incumple y el diálogo no funciona, se imponen sanciones como prohibir visitas o una mudanza a pisos más altos, en un edificio sin ascensores.

 

"Lo colectivo es un concepto difícil", dice Jeanette Andrade, coordinadora interna del edificio. Mientras organiza donaciones de ropa y comida para habitantes más pobres, atiende solicitudes y resuelve gestiones burocráticas, como comprobantes de residencia.

Jeanette se quedó sin casa luego de un divorcio y vio en la lucha habitacional literalmente una tabla de salvación.

 

"El problema es el alto precio de los alquileres en San Pablo, es lo que genera desalojos y desemboca en esto", comenta.

 

Márcia Gonçalves, de 59 años, también llegó al movimiento tras separarse. "No sabía lo que era una ocupación pero tampoco tenía donde vivir", cuenta.

 

No sabe cuánto gana mensualmente vendiendo dulces y bebidas en el pequeño comercio que instaló en su kitchinet, pero está segura de que es insuficiente para costear un alquiler mayor a los 105 reales que paga de colaboración mensual.

 

"Esto es pequeño, no hay lujos, pero tenemos condiciones de vida. Mi sueño es que me asignen aquí una vivienda", afirma.

 

Fuente: AFP

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